Después de recibir más de 600 reclamos de usuarios, el defensor del Pueblo, Miguel Alegre, interpuso ayer en la Justicia local una acción de amparo con medida cautelar solicitando que se declare la “inconstitucionalidad” e “ilegalidad” de la liquidación del rubro “cargo fijo” efectuado por la Dpec en las últimas boletas de la luz.
Pide que
se deje sin efecto el incremento y que se devuelva a quienes hayan
abonado. Dirigentes sindicales se sumaron al planteo del ombudsman y
reclaman que este planteo sea resuelto con la mayor celeridad posible.
La medida ingresó al Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1, a
cargo de la jueza María Gabriela Romero Feris, y en la misma se pide la
“devolución de la diferencia que surja a favor de los usuarios que ya
hayan pagado las facturas, de la misma forma en la que fueron abonadas,
en relación al período anterior con el actual”. Al mismo tiempo que
requiere que se mantenga la modalidad de liquidación realizada hasta el
período 6 del 2014.
“Esperamos celeridad por parte de la Justicia, que nos dé una respuesta
rápida a este planteo, dado que hay gente que sigue recibiendo las
facturas con aumento y no sabe si debe pagar o no. Urge que los
magistrados se expidan al respecto”, sostuvo el doctor Alegre tras
presentar el amparo.
En tanto, recordó que la Defensoría “comenzó a trabajar en este tema
durante los primeros días de febrero, cuando empezamos a recibir
reclamos de usuarios a los que les llegaban las facturas con altas
subas, reclamos que continuamos recibiendo hasta la fecha, llegando en
la actualidad a registrar más de 600 quejas en este corto periodo, tanto
de Capital como del interior de la provincia”, detalló.
Argumentos
El defensor explicó a El Litoral que advirtió varias “irregularidades”
en el aumento del cargo fijo. Objetó lo desmesurado del incremento, que
no hay fundamentación acerca de dónde surge el monto y que se cambia la
naturaleza del “cargo fijo”, pasando a ser variable y relacionado al
consumo. “Es absolutamente arbitrario. No tiene por qué este cargo fijo
estar atado al consumo”, sostuvo.
Entre los fundamentos expuestos, la demanda cuestiona el “desmesurado
incremento en el rubro ‘cargo fijo’ que transgrede lo establecido en los
artículos 21 y 48 de la Constitución Provincial y la Ley Nº 24.240, así
como la Ley Nº 6.073. Del análisis de las normas surge una clara
arbitrariedad por parte del Estado provincial (Dpec) como regulador del
servicio público, quien también tiene el deber fundamental de preservar
el principio de justicia y razonabilidad en la fijación tarifaria,
principio previsto en la mencionada Ley Nº 6.073 de Regulación de la
Política Electroenergética de la Provincia de Corrientes”.
En otro tramo de la presentación se advierte que la energía eléctrica
“es un servicio público de carácter esencial, monopólico natural y
elevado a la categoría de derecho humano, conceptos estos reconocidos
por tratados internacionales, por la legislación nacional y por
tribunales locales”.
El defensor también objeta que “se ha facturado con retroactividad,
toda vez que el aumento para el primer bimestre de este año se hizo
teniendo en cuenta el consumo del último bimestre del año pasado, cuando
por decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 1.748/14 se estableció
que este mecanismo de facturación comenzaría recién en enero de 2015”.
Apoyo
Dirigentes de CTA y ATE se movilizaron ayer hasta el juzgado que tendrá
a su cargo resolver el amparo presentado por el ombudsman con
intenciones de presentar un escrito donde solicitaban celeridad, sin
embargo, para evitar interferencias en la decisión judicial decidieron
no hacerlo.
En cambio acercarán hoy ese mismo escrito a los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
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