Cerca de las 9 de la mañana arrancó el juicio propiamente dicho
contra 18 policías acusados de haber encabezado la violenta toma de
la Jefatura Departamental de Policía en diciembre del 2013.
 |
| Foto Diario Río Uruguay |
Cerca de las 11 de la mañana se ingresó en el primer cuarto intermedio.
Previamente hicieron uso de la palabra por la parte acusatoria, el
fiscal Mario Guerrero y la Procuradora Adjunta de la provincia, Dra.
Cecilia Goyeneche. y dos de los seis abogados defensores.
Con un inusitado despliegue de uniformados, tanto en los alrededores
como en el interior del palacio de Tribunales, se dio inicio al juicio
de la causa caratulada como “Zaragoza, Carlos Daniel y otros s/
sedición, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, robo
agravado por la calidad de funcionario público e instigación pública”,
donde se tratará de adjudicar responsabilidades por los trágicos sucesos
de diciembre del 2013, cuando un grupo de uniformados y sus familiares
tomó el edificio de la Jefatura de Policía y coincidentemente se desató
una ola de saqueos en distintos puntos de la ciudad.
La sala tuvo un estricto control de ingreso, y solo se permitió el acceso a un familiar por imputado y a un reducido grupo de periodistas, entre ellos un cronista de Diario Río Uruguay.
Como detalle anecdótico, algunos de los imputados se presentaron con una remera que tenía estampada la siguiente leyenda: “18 policías presos políticos por reclamar sus derechos”.
Tal como es de rigor, el tribunal integrado por los jueces Jorge Barbagelatta, Silvina Gallo y Darío Perroud brindó las explicaciones de forma y de inmediato habilitó al Ministerio Público Fiscal para que detallara de que se acusa a Daniel Chávez, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Gómez Luis Alberto, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Esteban Cendra, Diego Diferding, Manuel Coutiño, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez, Alfredo Imaz y Carlos Daniel Zaragoza, este último el único con rango de oficial, por lo que su nombre encabeza la carátula del caso.
La exposición del fiscal Mario Guerrero estuvo respaldado por la Procuradora Adjunta de la provincia, Dra. Cecilia Goyeneche, quien en su alocución tuvo duros cuestionamientos a los acusados, señalando que “no respetaron la cadena de mandos”, para llevar adelante “un hecho institucionalmente grave”, que a través de la Justicia “merece una respuesta del Estado”. Para la funcionaria la centralidad no debe colocarse “en la discusión salarial”, sino que “la clave” pasa por discutir “instituciones y que tipo de policía estamos dispuestos a tener”.
La Procuradora Adjunta calificó a los hechos del 8 y 9 de diciembre de 2013 como "institucionalmentes graves y que merecen una respuesta del Estado". Observó que "la discusión salarial no es clave" y anticipó que "vamos a discutir instituciones y del tipo de policías que estamos dispuestos a tener".
A ello amplió que "no se puede excluir la cuestión penal" y habló del monopolio del Estado en el uso de la fuerza para mantener la seguridad y el orden público, entendiendo que "los hechos son típicos de una sedición agravada, donde el levantamiento colectivo y organizado consistió en la privación del Estado de la potestad del monopolio de la fuerza".
Goyeneche calificó que las negociaciones por un aumento salarial con la Provincia y que los uniformados retomen a sus tareas fueron en busca también "de negociar su impunidad y evitar las sanciones, en lo que pretendieron además desconocer la actuación posterior de la justicia".
Para la funcionaria, "fueron muchos más los (policías) que intervinieron en estos hechos" y detalló que desde la justicia "hubo una selección de hechos pretendiendo ser razonables, buscando aquellos que tuvieron roles relevantes". "Hubieron cabos que llevaron adelante negociaciones con el gobernador mano a mano, como si no existieran las jerarquías o cadenas de mando" subrayó.
Con respecto a los saqueos en la noche del 8 de diciembre, Goyeneche ratificó que existieron agentes que "se encargaron de anticipar que la ciudad no tendría servicio esa noche" y entendió que los robos "no fueron algo azaroso, o una coincidencia entre un reclamo y una situación social predeterminada. Aquí hay partícipes de los robos calamitosos. Hubo participación omisiva y también activa de los saqueos".
La acusación del fiscal.
En su relato Guerrero puntualizó que los agentes acusados "tomaron la Jefatura de Policía" en la noche del 8 de diciembre de 2013, "instigando a saqueo en la ciudad", a la vez que rememoró las movilizaciones de los familiares de los agentes en los días previos pidiendo por una composición salarial a las autoridades.
Según reza en el expediente, el grupo de policías enjuiciados "irrumpió en la Jefatura, para posteriormente avanzar arrojando gas lacrimógeno e ingresando a las oficinas de los Jefes de la Jefatura", y privándolos de su libertad. A ello se suma la toma de la sede del Comando Radioeléctrico e interrupción de las líneas telefónicas. Guerrero puntualizó que hubo "una distribución de tareas" y señaló que la toma de la Jefatura "estuvo organizada y planificada".
Su acusación se apoyó en la toma de testimonios que relataron haber sido víctima de agresiones verbales y físicas. "Los móviles que llegaban a la Jefatura estaban impedidos de salir" dijo al momento de explicar porqué no se había actuando ante las alarmas del inicio de saqueos en la zona noroeste de la ciudad.
Guerrero aseveró que iba a acreditar que hubo funcionarios que anticiparon a algunos delincuentes que la ciudad quedaría a partir de las 9 de la noche sin servicio de seguridad, y subrayó que acreditaría a lo largo de las varias semanas que durará el juicio que las acciones de esos días estuvieron encuadradas en "arrancar al gobierno provincial un aumento salarial", añadiendo que fue una "recomposición salarial extorsiva".
Diario Río Uruguay
La sala tuvo un estricto control de ingreso, y solo se permitió el acceso a un familiar por imputado y a un reducido grupo de periodistas, entre ellos un cronista de Diario Río Uruguay.
Como detalle anecdótico, algunos de los imputados se presentaron con una remera que tenía estampada la siguiente leyenda: “18 policías presos políticos por reclamar sus derechos”.
Tal como es de rigor, el tribunal integrado por los jueces Jorge Barbagelatta, Silvina Gallo y Darío Perroud brindó las explicaciones de forma y de inmediato habilitó al Ministerio Público Fiscal para que detallara de que se acusa a Daniel Chávez, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Gómez Luis Alberto, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Esteban Cendra, Diego Diferding, Manuel Coutiño, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez, Alfredo Imaz y Carlos Daniel Zaragoza, este último el único con rango de oficial, por lo que su nombre encabeza la carátula del caso.
La exposición del fiscal Mario Guerrero estuvo respaldado por la Procuradora Adjunta de la provincia, Dra. Cecilia Goyeneche, quien en su alocución tuvo duros cuestionamientos a los acusados, señalando que “no respetaron la cadena de mandos”, para llevar adelante “un hecho institucionalmente grave”, que a través de la Justicia “merece una respuesta del Estado”. Para la funcionaria la centralidad no debe colocarse “en la discusión salarial”, sino que “la clave” pasa por discutir “instituciones y que tipo de policía estamos dispuestos a tener”.
La Procuradora Adjunta calificó a los hechos del 8 y 9 de diciembre de 2013 como "institucionalmentes graves y que merecen una respuesta del Estado". Observó que "la discusión salarial no es clave" y anticipó que "vamos a discutir instituciones y del tipo de policías que estamos dispuestos a tener".
A ello amplió que "no se puede excluir la cuestión penal" y habló del monopolio del Estado en el uso de la fuerza para mantener la seguridad y el orden público, entendiendo que "los hechos son típicos de una sedición agravada, donde el levantamiento colectivo y organizado consistió en la privación del Estado de la potestad del monopolio de la fuerza".
Goyeneche calificó que las negociaciones por un aumento salarial con la Provincia y que los uniformados retomen a sus tareas fueron en busca también "de negociar su impunidad y evitar las sanciones, en lo que pretendieron además desconocer la actuación posterior de la justicia".
Para la funcionaria, "fueron muchos más los (policías) que intervinieron en estos hechos" y detalló que desde la justicia "hubo una selección de hechos pretendiendo ser razonables, buscando aquellos que tuvieron roles relevantes". "Hubieron cabos que llevaron adelante negociaciones con el gobernador mano a mano, como si no existieran las jerarquías o cadenas de mando" subrayó.
Con respecto a los saqueos en la noche del 8 de diciembre, Goyeneche ratificó que existieron agentes que "se encargaron de anticipar que la ciudad no tendría servicio esa noche" y entendió que los robos "no fueron algo azaroso, o una coincidencia entre un reclamo y una situación social predeterminada. Aquí hay partícipes de los robos calamitosos. Hubo participación omisiva y también activa de los saqueos".
La acusación del fiscal.
En su relato Guerrero puntualizó que los agentes acusados "tomaron la Jefatura de Policía" en la noche del 8 de diciembre de 2013, "instigando a saqueo en la ciudad", a la vez que rememoró las movilizaciones de los familiares de los agentes en los días previos pidiendo por una composición salarial a las autoridades.
Según reza en el expediente, el grupo de policías enjuiciados "irrumpió en la Jefatura, para posteriormente avanzar arrojando gas lacrimógeno e ingresando a las oficinas de los Jefes de la Jefatura", y privándolos de su libertad. A ello se suma la toma de la sede del Comando Radioeléctrico e interrupción de las líneas telefónicas. Guerrero puntualizó que hubo "una distribución de tareas" y señaló que la toma de la Jefatura "estuvo organizada y planificada".
Su acusación se apoyó en la toma de testimonios que relataron haber sido víctima de agresiones verbales y físicas. "Los móviles que llegaban a la Jefatura estaban impedidos de salir" dijo al momento de explicar porqué no se había actuando ante las alarmas del inicio de saqueos en la zona noroeste de la ciudad.
Guerrero aseveró que iba a acreditar que hubo funcionarios que anticiparon a algunos delincuentes que la ciudad quedaría a partir de las 9 de la noche sin servicio de seguridad, y subrayó que acreditaría a lo largo de las varias semanas que durará el juicio que las acciones de esos días estuvieron encuadradas en "arrancar al gobierno provincial un aumento salarial", añadiendo que fue una "recomposición salarial extorsiva".
Diario Río Uruguay
