En la mañana de este martes, quedó formalmente constituido el Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En una reunión que tuvo lugar en el Salón de Acuerdos del Palacio Legislativo.
El Comité está conformado por el Dr. Alejandro Chaín, en representación
del Poder Judicial; el Subsecretario de Derechos Humanos, Dr. Manuel
Cuevas; los Senadores María Inés Fagetti y Noel Breard, y los Diputados
Sonia López y Adán Gaya, designados por las comisiones de "Derechos
Humanos" del Poder Legislativo para representar a las respectivas
Cámaras Legislativas. El Dr. Ramón Celestino Leguizamón por la Comisión
de Derechos Humanos de Corrientes; la Sra. Gladis Hanke por la
Asociación Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (MEDEHS) de Goya; la
Sra. María Alejandra Mumbach, por la Comisión por la Memoria, la Verdad y
la Justicia de Paso de los Libres, el Sr. Julio César Fagalde, por la
Casa de los Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá, y el Sr. César Almirón,
por la Fundación Amanecer de Esperanza.
En este sentido, la senadora Fagetti dijo en contacto con los medios
que "la tortura es una de las más graves violaciones a los derechos
humanos, prohibida en forma absoluta por los ordenamientos internos e
internacionales". Y agregó "existe un patrón de violencia intramuros, en
tanto la tortura suele ser utilizada como mecanismo disciplinario y de
castigo por infracción de normas o reglamentos internos en muchas de las
instituciones penales o de encierro”.
Por su parte, el senador Breard señaló que "la implementación de este
mecanismo está previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, el cual obliga a designar o crear uno o varios mecanismos
nacionales o provinciales para la prevención de la tortura en lugares de
encierro".
En tanto, el Vicegobernador Gustavo Canteros enfatizó la importancia de
la cooperación entre organizaciones no gubernamentales y organismos
públicos y expresó que “los organismos públicos tenemos el compromiso de
colaborar con nuestras acciones a erradicar estas prácticas
aberrantes”.
El Comité se creó por Ley N° 6.280, cuenta con amplias facultades para
realizar visitas periódicas, sin necesidad de aviso previo, a todos los
lugares de detención o encierro de jurisdicción provincial, con el fin
de monitorear las condiciones de detención, prevenir y denunciar
violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su
libertad. Además, tiene como función realizar propuestas y
recomendaciones sobre las políticas públicas vinculadas al sistema
penal, penitenciarias, de seguridad y de niñez y adolescencia,
promoviendo su adecuación a los estándares constitucionales e
internacionales.
La duración del mandato de los miembros del Comité será de cuatro años y
podrán ser reelegidos por única vez. En el caso de los representantes
de los tres poderes del Estado, cesarán como miembros del Comité al
finalizar el período de su función, si esta se produjera antes de los
cuatro años.
Radiodoscorrientes