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Se constituyó el Comité contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles

En la mañana de este martes, quedó formalmente constituido el Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En una reunión que tuvo lugar en el Salón de Acuerdos del Palacio Legislativo.

El Comité está conformado por el Dr. Alejandro Chaín, en representación del Poder Judicial; el Subsecretario de Derechos Humanos, Dr. Manuel Cuevas; los Senadores María Inés Fagetti y Noel Breard, y los Diputados Sonia López y Adán Gaya, designados por las comisiones de "Derechos Humanos" del Poder Legislativo para representar a las respectivas Cámaras Legislativas. El Dr. Ramón Celestino Leguizamón por la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes; la Sra. Gladis Hanke por la Asociación Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (MEDEHS) de Goya; la Sra. María Alejandra Mumbach, por la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres, el Sr. Julio César Fagalde, por la Casa de los Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá, y el Sr. César Almirón, por la Fundación Amanecer de Esperanza.
 
En este sentido, la senadora Fagetti dijo en contacto con los medios que "la tortura es una de las más graves violaciones a los derechos humanos, prohibida en forma absoluta por los ordenamientos internos e internacionales". Y agregó "existe un patrón de violencia intramuros, en tanto la tortura suele ser utilizada como mecanismo disciplinario y de castigo por infracción de normas o reglamentos internos en muchas de las instituciones penales o de encierro”.
 
Por su parte, el senador Breard señaló que "la implementación de este mecanismo está previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual obliga a designar o crear uno o varios mecanismos nacionales o provinciales para la prevención de la tortura en lugares de encierro".
 
En tanto, el Vicegobernador Gustavo Canteros enfatizó la importancia de la cooperación entre organizaciones no gubernamentales y organismos públicos y expresó que “los organismos públicos tenemos el compromiso de colaborar con nuestras acciones a erradicar estas prácticas aberrantes”.
 
El Comité se creó por Ley N° 6.280, cuenta con amplias facultades para realizar visitas periódicas, sin necesidad de aviso previo, a todos los lugares de detención o encierro de jurisdicción provincial, con el fin de monitorear las condiciones de detención, prevenir y denunciar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Además, tiene como función realizar propuestas y recomendaciones sobre las políticas públicas vinculadas al sistema penal, penitenciarias, de seguridad y de niñez y adolescencia, promoviendo su adecuación a los estándares constitucionales e internacionales.
 
La duración del mandato de los miembros del Comité será de cuatro años y podrán ser reelegidos por única vez. En el caso de los representantes de los tres poderes del Estado, cesarán como miembros del Comité al finalizar el período de su función, si esta se produjera antes de los cuatro años.
 
Radiodoscorrientes

 

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