Integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concordia ratificaron este martes que recurrirán esta semana ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná para que revise el procesamiento dictado por el juez Pablo Seró. Vale subrayar que desde la defensa de los imputados cuestionaron desde un principio la ilegalidad del accionar de Gendarmería, señalando que los efectivos nunca exhibieron la orden para liberar la ruta y, según dijeron, tampoco está en el expediente.
Los asambleístas Horacio Miguel De Carli, Facundo Scattone, Bernardo
Zalisñak, Francisco Larocca y Cesar Arístides Pibernus fueron procesados
por el delito de entorpecimiento del normal funcionamiento del
transporte terrestre por la ruta 015, por impedir el cruce hacia la
República Oriental del Uruguay de cuatro camiones vibradores, bajo el
argumento de que pretendían evitar la práctica del fracking sobre el
Acuífero Guaraní.
El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró les dictó así
mismo la falta de mérito respecto de la acusación por atentado y
resistencia a la autoridad que les había formulado un agente de
Gendarmería que dijo haber sido golpeado en la cabeza por los
asambleístas.
Sobre ello, Facundo Scattone dialogó con Diario Río Uruguay y
ratificó que esta semana se hará la apelación, enfatizando que la
noticia del procesamiento “fue sorpresiva por todos los vicios que tiene
la causa. Ninguna de las dos imputaciones presentadas tienen rigor, ya
que por un lado se nos acusa de resistencia a la autoridad y por otro de
entorpecimiento de la vía terrestre. El juez decide dar de baja la
primera de estas imputaciones y nos acusa basándose en lo que dice
Gendarmería únicamente. Vale decir que hay videos presentados donde se
muestra que no hubo entorpecimiento de la vía terrestre”.
Párrafo seguido Scattone subrayó que no de los agravantes que ven “es
la falta en el expediente de la orden judicial de la orden escrita que
tendría que haber tenido la Gendarmería para actuar. En todo el
expediente no está la orden, a pesar de las 150 fojas que tiene la
causa”.
El ambientalista no dudó en calificar que “esto es un hecho grave de
por sí, donde queda demostrado que una fuerza del Estado puede actuar
por motus propio” y sumó que se sienten sorprendidos por ello.
Consultado sobre el acompañamiento de parte de la sociedad
entrerriana y en particular de la Concordiense, el joven activista
agradeció “el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos de
Entre Ríos y de todo el país, además de las que se han conformado en
Uruguay”, puntualizando: “nos han llamado desde la provincia preocupados
por la decisión de judicializar la protesta”.
Los hechos.
Vale recordar que en la resolución, fechada el 19 de febrero pasado,
se consignó que los procesados, en agosto del año pasado, junto a muchos
otros compañeros y vecinos, ayudaron a desviar a la banquina a cuatro
camiones que transportaban cuatro equipos para exploración sísmica cuyo
fin era localizar yacimientos de petróleo bajo el Acuífero Guaraní en la
zona de Salto y Piedra Sola en Uruguay, algo que los propios
asambleístas habían declarado al momento de comunicar los motivos de la
protesta, el mismo 2 de agosto, cuando estaban sobre la ruta.
Ese día, en horas de la mañana, un grupo de personas impidió la
circulación de cuatro camiones vibradores, pertenecientes a la empresa
Don Pedro y concesionados a la firma Petrol Energy/Schuepbach, que
realizaba trabajos de exploración de hidrocarburos por fracking en el
Uruguay.
La protesta se mantuvo hasta la madrugada del domingo al costado de
la Ruta 015. Alrededor de las 3 se presentó Gendarmería, invocando una
orden judicial donde se les requería a los manifestantes que se
apartaran de la banquina y permitieran a los camiones continuar con su
camino. Si bien el encargado del operativo les dijo a los manifestantes
que no quería forcejeos ni golpes, el desalojo terminó siendo violento y
cuatro asambleístas resultaron detenidos.
Scattone, Zalisñak, De Carli y Larocca fueron detenidos y alojados en
el Escuadrón Concordia de Gendarmería. Luego denunciaron –públicamente y
ante el juez– que habían permanecido esposados, denunciaron golpes y
malos tratos y uno de ellos dijo haber sido amenazado con el uso de una
picana para que firmara un texto en el que, según alcanzó a leer, se
autorizaba a los gendarmes a recabar sus datos.
Tuvieron que pasar seis meses desde aquel episodio para que el juez dictara el procesamiento de los asambleístas.
Diario Río Uruguay
